martes, febrero 12, 2013

Los desahucios y la antidemocracia en el Congreso

Pareciera que la realidad se alía para restarle importancia y valor a algo que lo tiene. Se diría que las renuncias de viejos inquisidores redecorados en el blanco, los sobrevoladores fondos B de Génova y los genoveses y hasta los exabruptos y salidas de tono del que encabeza la patronal in absentia carcelaria de su predecesor se conjuran para ocultar una realidad, para restar posición mediática a la única realidad que tendría que estar por encima de todas ellas.
En España hay un Gobierno que no cree en la vertebración democrática de la sociedad.
Dicho así, de golpe y sin anestésico alguno, parece la típica pataleta contra la derecha española, pero no lo es, es la simple constatación de un hecho que se culmina con una acción después de muchos síntomas, de muchas sospechas, de muchos avisos.
Un millón y medio de españoles quieren que se revise la ley hipotecaria, un millón y medio de españoles firman para que se abra una debate parlamentario sobre ello, para que se lleve al parlamento un cambio legal que frene los desahucios, que modifique ahora y para siempre una ley decimonónica, arcaica, desequilibrada que hace de los acreedores los únicos protegidos, que permite cláusulas abusivas, que obliga a pagar dos y tres veces por el mismo préstamo.
Y el Gobierno lo ignora. No cree en el dialogo, no cree en el proceso democrático de escuchar a la gente, de interpretar su deseos, de buscar soluciones a sus problemas. No cree en la democracia.
la utilizada para acceder al poder pero una vez en el la aparca, la relega hasta que vuelva a necesitarla como mal necesario para mantenerse en el mismo.
Con los desahucios, con el presente miserable de un millón de familias a las que la crisis y las decisiones gubernamentales han dejado ya sin futuro, Moncloa y los que ahora la habitan anuncian a voz en grito que no quieren saber nada de lo que significa un gobierno en democracia hasta dentro de cuarenta y ocho meses.
Porque al aparcar y desoír un número de firmas que supera en quince veces el mínimo exigido para plantear una iniciativa popular en el Congreso ignoran que el poder emana del pueblo y a que la iniciativa popular es la herramienta que este sistema democrático tiene para llevar el malestar de la calle, las dudas de los ciudadanos, los problemas de la sociedad a las cámaras donde habita el poder legislativo que ahora se encarga de enfangarse en los sobrecogedores sueldos B y a jugar al apalabrados en horas de sesión.
Porque ignoran la otrora sacrosanta división de poderes que el bueno del Barón de Montesquieu le diera a la esencia democrática, desoyendo a aquellos, que siendo el poder judicial, opinan de lo suyo, de la ley y aseguran que esta ya no vale, que tiene que cambiarse, que resulta imposible impartir justicia con una ley injusta, ser ciego como mandan los cánones con una normativa que se alza la venda de los ojos para mirar tan solo en la dirección.
Porque al decidir ignorar voluntariamente las peticiones, rebeliones y elusiones de ayuntamientos que se niegan a facilitar los desahucios, de gobiernos locales que se enfrentan a los bancos y retiran sus cuentas de las entidades que los siguen buscando a toda costa en sus localidades y municipios, pasan por alto con conocimiento de causa otra máxima escrita una y mil veces en todos los gobiernos democráticos de que el Ejecutivo debe regirse por el principio de que lo mejor para la mayoría de la población es un valor superior a lo que necesita una minoría de esa sociedad para mantener sus privilegios y sus rangos.
Muchos dirán que no, que están autorizados por el voto de hace un año para hacer oídos sordos a todo eso, para ignorar los consejos judiciales, las recomendaciones expertas y las quejas ciudadanas, que disponen de la legitimidad que les da once millones de sufragios para hacer lo que les venga en gana durante los cuatro años que dura su mandato.
Pero con los desahucios y la Ley Hipotecaria, después de esa comisión de pacotilla donde no se escuchó a los jueces, donde se dio cabida a falsos expertos vinculados a la banca que defendieron la ley como "buena y provechosa" ante representantes del millón de familias que lo habían perdido todo y seguían pagando a causa de esa normativa, el Partido Popular y el Gobierno han demostrado que no entienden o no quieren entender la democracia, que se avienen a usarla, a participar de ella, pero cuando esta les reporta sus cosechas, se olvidan de abonarla, de mantenerla viva, de regarla y hacerla seguir creciendo.
Y eso es más grave que cualquier sobre gris o negro tomado en los pasillos, que cualquier aportación secreta y "desinteresada" de una empresa con negocio estatales a las arcas electorales de Génova, 13, que cualquier recorte o cualquier falacia económica imposible de llevar a buen puerto.
Porque el corrupto pues ser demócrata, un demócrata perverso y egoísta, pero puede ser demócrata; porque el neocon puede ser demócrata, un demócrata que defiende un sistema económico muerto y enterrado y a todas luces inviable de mantener en su estadio actual, pero puede ser demócrata.
Pero el que se refugia en la mayoría silenciosa para no escuchar a los que hablan no es demócrata, quien busca convertir los medios de comunicación en una herramienta propagandística y fuente de ingresos para sus amistades y afines no es demócrata, aquel que pretende ignorar a los poderes públicos separados y busca controlarlos para que digan lo que a él le interesa no es demócrata, el que decide defender solamente los intereses de un colectivo, conducido a la ruina por gestores nefandos e intereses partidistas, ignorando que al intentar salvarle conduce a la miseria a toda la sociedad a la que se comprometió a gobernar y proteger no es ni puede ser demócrata.
Así que lo que se anticipó con el rescate y las privatizaciones, lo que se esbozó con la pugna por el control del Consejo General del Poder Judicial, lo que se dibujó con la respuesta hostil a las manifestaciones y movimientos populares y lo que se sospechó con el desmembramiento en aras del control de los medios de comunicación públicos y lo que se vislumbró con los sobrecogedores, los sueldos B de Bárcenas y las aportaciones anónimas a las campañas electorales genovesas se expone en toda su crudeza con el rechazo del PP a la iniciativa popular contra los desahucios.
El Partido Popular no quiere ser demócrata, se resigna a serlo porque le es necesario, pero cuando tiene que serlo por propia voluntad tira de otras consignas, tira de otros valores, tira de otros modos y maneras de gobiernos. Tira de lo que es, de lo que quiere ser. Tira de autoritaria sordera a la esencia misma de lo que es la democracia.
Porque el autoritario no puede ser demócrata. Por más que le hayan votado once millones de personas. Puede que sus votantes sí lo sean, pero el autoritario no.
Tan solo los engaña.
Y es cierto que puede que otros lo intentaran antes de que Rajoy y su actual Gobierno lo consiga exponer a todas luces. Pero esos otros por lo menos aún tienen a Beatriz Talegón sacándoles los colores en Cascais.
El PP solo tiene a Carromero y a Andreita como futuro de lo que quiere ser.

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