En España hay un Gobierno que no
cree en la vertebración democrática de la sociedad.
Dicho así, de golpe y sin
anestésico alguno, parece la típica pataleta contra la derecha española, pero
no lo es, es la simple constatación de un hecho que se culmina con una acción
después de muchos síntomas, de muchas sospechas, de muchos avisos.
Un millón y medio de españoles
quieren que se revise la ley hipotecaria, un millón y medio de españoles firman
para que se abra una debate parlamentario sobre ello, para que se lleve al
parlamento un cambio legal que frene los desahucios, que modifique ahora y para
siempre una ley decimonónica, arcaica, desequilibrada que hace de los
acreedores los únicos protegidos, que permite cláusulas abusivas, que obliga a
pagar dos y tres veces por el mismo préstamo.
Y el Gobierno lo ignora. No cree en
el dialogo, no cree en el proceso democrático de escuchar a la gente, de
interpretar su deseos, de buscar soluciones a sus problemas. No cree en la
democracia.
la utilizada para acceder al poder
pero una vez en el la aparca, la relega hasta que vuelva a necesitarla como mal
necesario para mantenerse en el mismo.
Con los desahucios, con el presente
miserable de un millón de familias a las que la crisis y las decisiones
gubernamentales han dejado ya sin futuro, Moncloa y los que ahora la habitan
anuncian a voz en grito que no quieren saber nada de lo que significa un
gobierno en democracia hasta dentro de cuarenta y ocho meses.
Porque al aparcar y desoír un
número de firmas que supera en quince veces el mínimo exigido para plantear una
iniciativa popular en el Congreso ignoran que el poder emana del pueblo y a que
la iniciativa popular es la herramienta que este sistema democrático tiene para
llevar el malestar de la calle, las dudas de los ciudadanos, los problemas de
la sociedad a las cámaras donde habita el poder legislativo que ahora se
encarga de enfangarse en los sobrecogedores sueldos B y a jugar al apalabrados
en horas de sesión.
Porque ignoran la otrora sacrosanta
división de poderes que el bueno del Barón de Montesquieu le diera a la esencia
democrática, desoyendo a aquellos, que siendo el poder judicial, opinan de lo
suyo, de la ley y aseguran que esta ya no vale, que tiene que cambiarse, que
resulta imposible impartir justicia con una ley injusta, ser ciego como mandan
los cánones con una normativa que se alza la venda de los ojos para mirar tan
solo en la dirección.
Porque al decidir ignorar
voluntariamente las peticiones, rebeliones y elusiones de ayuntamientos que se
niegan a facilitar los desahucios, de gobiernos locales que se enfrentan a los
bancos y retiran sus cuentas de las entidades que los siguen buscando a toda
costa en sus localidades y municipios, pasan por alto con conocimiento de causa
otra máxima escrita una y mil veces en todos los gobiernos democráticos de que
el Ejecutivo debe regirse por el principio de que lo mejor para la mayoría de
la población es un valor superior a lo que necesita una minoría de esa sociedad
para mantener sus privilegios y sus rangos.
Muchos dirán que no, que están
autorizados por el voto de hace un año para hacer oídos sordos a todo eso, para
ignorar los consejos judiciales, las recomendaciones expertas y las quejas
ciudadanas, que disponen de la legitimidad que les da once millones de
sufragios para hacer lo que les venga en gana durante los cuatro años que dura
su mandato.
Y eso es más grave que cualquier
sobre gris o negro tomado en los pasillos, que cualquier aportación secreta y "desinteresada" de una empresa
con negocio estatales a las arcas electorales de Génova, 13, que cualquier
recorte o cualquier falacia económica imposible de llevar a buen puerto.
Porque el corrupto pues ser
demócrata, un demócrata perverso y egoísta, pero puede ser demócrata; porque el
neocon puede ser demócrata, un demócrata que defiende un sistema económico
muerto y enterrado y a todas luces inviable de mantener en su estadio actual,
pero puede ser demócrata.
Pero el que se refugia en la
mayoría silenciosa para no escuchar a los que hablan no es demócrata, quien
busca convertir los medios de comunicación en una herramienta propagandística y
fuente de ingresos para sus amistades y afines no es demócrata, aquel que
pretende ignorar a los poderes públicos separados y busca controlarlos para que
digan lo que a él le interesa no es demócrata, el que decide defender solamente
los intereses de un colectivo, conducido a la ruina por gestores nefandos e
intereses partidistas, ignorando que al intentar salvarle conduce a la miseria
a toda la sociedad a la que se comprometió a gobernar y proteger no es ni puede
ser demócrata.
Así que lo que se anticipó con el
rescate y las privatizaciones, lo que se esbozó con la pugna por el control del
Consejo General del Poder Judicial, lo que se dibujó con la respuesta hostil a
las manifestaciones y movimientos populares y lo que se sospechó con el
desmembramiento en aras del control de los medios de comunicación públicos y lo
que se vislumbró con los sobrecogedores, los sueldos B de Bárcenas y las
aportaciones anónimas a las campañas electorales genovesas se expone en toda su
crudeza con el rechazo del PP a la iniciativa popular contra los desahucios.
Porque el autoritario no puede ser
demócrata. Por más que le hayan votado once millones de personas. Puede que sus
votantes sí lo sean, pero el autoritario no.
Tan solo los engaña.
Y es cierto que puede que otros lo
intentaran antes de que Rajoy y su actual Gobierno lo consiga exponer a todas
luces. Pero esos otros por lo menos aún tienen a Beatriz Talegón sacándoles los
colores en Cascais.
El PP solo tiene a Carromero y a
Andreita como futuro de lo que quiere ser.
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