Madrid o el Servicio Social con Derecho de Pernada

Si hay algo que ha conseguido o que está en camino de conseguir el emporio gubernativo que ocupa Moncloa en estos tiempos es que lo que hace, lo que sigue haciendo y lo que planea hacer empiece a pasar desapercibido, empiece a caer sobre callo, sobre la dureza en la piel que ya nos empiezan a generar sus continuos impulsos para deshacer todo lo que la historia y la evolución han hecho de positivo con nuestra sociedad y todo lo de beneficioso que las ideas y los tiempos han realizado con nuestro Estado. 

Puede que no sea lo mejor para el Partido Popular y su gobierno que se hable de los apuntes de Bárcenas, de los sobrecitos danzantes, de las dádivas incestuosas, de empresarios y empresas a las arcas del Partido Popular, puede que no sea lo mejor para ellos que se hable de fraude, de amnistías fiscales delictivas. Pero sin duda es preferible que se opine sobre eso a que se hable de lo otro. 

Es mejor que se hable de lo que cogen que de lo que quitan. 

Y así siguen a paso callado en lo que hasta que Bárcenas saliera a la palestra con sus anotaciones helvéticas era motivo de portada, de seguimiento continuo, de estadística constante. Siguen con su verdadera corrupción, con su auténtica traición a la sociedad. Siguen con los recortes. 

Solo hay que mirar a la Comunidad de Madrid, punta de lanza junto con la ya asolada Comunitat Valenciana, para ver en qué siguen nuestros gobiernos. Ahora anuncian -sin bombo y platillo, eso sí, que tampoco están las cosas para levantar la liebre- que planean centralizar los Servicios Sociales, que quieren arrancar esas competencias de los Ayuntamientos y asumirlas directamente. 

Y lo que, en otra situación, sería una racionalización, en estas circunstancias, con este gobierno, con sus antecedentes y sus acciones y propósitos, no es otra cosa que un recorte o, como poco, la antesala de un recorte. 

Porque el Partido Popular de Madrid quiere centralizar esos servicios sociales para recortarlos, para quitar a los ciudadanos la primer o la última línea de defensa a la que recurrir. Porque ya dará igual que se les castigue electoralmente en las municipales, dará igual que los ciudadanos de un municipio están en contra de esa política o que un alcalde -incluso de su partido, como ocurre en Castilla La Mancha con las urgencias rurales nocturnas- estén en contra de sus decisiones, en contra de sus recortes. 

No podrán hacer nada, no podrán hacer la política que su ética o su compromiso les dicte. No tendrán competencias así que esas administraciones, cercenadas, paralizadas y eliminadas como factor en esa materia tendrán que asumir la rabia, la furia y la desesperación de los que se queden sin servicios sociales pero no podrán hacer nada para evitarlo. Y ellos sencillamente podrán eliminar esos servicios sociales que se ajustan -por simple cercanía- a la realidad de cada municipio, de cada población, de cada vecindario sin tener que convencer a nadie, sin tener que enfrentarse a las dotaciones municipales ni a la resistencia de edil alguna. Por la tremenda y sin oposición. Como le gusta gobernar al PP. 

El hombre del cambiante ático marbellí podrá decir lo que quiera, podrá hablar de "racionalización", podrá torcer el gesto cuando se pronuncia la palabra recorte, pero no puede luchar contra la evidencia, no puede ocultar la intención que una simple omisión deja clara. Toma el control de los servicios sociales municipales, los arrebata del control de los gobernantes más cercanos a las gentes pero no destina en su presupuesto ni un solo euro, ni una sola partida, para sufragarlos. 

Esa simple omisión deja claro que no habrá servicios sociales, que los venderá o los cerrará. No destina dinero para ello porque no hace falta dinero para mantener algo que no está previsto que siga en funcionamiento. 

Y ese reconocimiento, esa realidad ineludible, esa intención inocultable es mucho más grave que el recorte en si mismo. 

Es mucho más peligrosa que la pérdida de la asistencia a drogodependientes, a amas de casa que no encuentran trabajo, a familias arrojadas a la miseria por su política, a ancianos y dependientes o a cualquier otro colectivo que pierda lo poco que los ayuntamientos que no compartían la ideología del recorte salvaje a cualquier precio podían aportar para equilibrar la locura de la austeridad radical que impone el Partido Popular en todo España. 

Esa constatación abre el camino en Madrid a algo que aterra, que contrae. Al intento del Partido Popular de prostituir la sociedad. 

Porque sin arco ideológico en los servicios sociales, el Gobierno de la Comunidad de Madrid podrá comportarse como el cacique de García Márquez, como el señorito de Lorca, como el terrateniente de Pardo Bazán o el dueño de Blasco Ibáñez. 

Podrá aprovecharse de cualquier colectivo desesperado, carente de recursos y necesitado de ayuda y obligarlo a meterse en su cama electoral, aunque no lo desee, si quiere conseguir las ayudas y forzarle a abrirse de piernas para él en las urnas si quiere tener una mínima oportunidad de sobrevivir, de no morir ahogado en la miseria que aquel que ahora le reclama ofrecerse a su placer ha provocado, de recibir la ayuda imprescindible para su supervivencia. 

Podrá convertir a cualquiera que no tenga suerte, que caiga en la miseria o la falta de expectativas en una prostituta electoral forzosa que tendrá que mirar al techo mientras el Gobierno Madrileño desfoga sus pasiones con su voto y que además tendrá que humillarse agradecida a los pies de su violador ideológico para recoger las monedas que le arroja despectivo. 

Parecía que ese día no podía llegar, que la vuelta a esa jornada era imposible, que la salida de esa servidumbre humillante era irreversible. 

Pero, quizás porque hemos mirado demasiado a los sobres y las cuentas del PP y hemos perdido un instante de vista su verdadera intención, el verdadero indicio de su corrupción, ese día está a punto de llegar.: el Partido Popular de Madrid está a punto de reinstaurar el derecho de pernada. 

De momento, solo en las urnas. Pero solo de momento.