Pues Don Mariano Rajoy, excelso Presidente del Gobierno español, está estos días aportando su granito de arena para que entendamos esa dicotomía. Y además lo hace con uno de esos asuntos que deben ser tan poco importantes que se puede jugar con ellos a voluntad: la Sanidad Pública y universal.
Desde la debacle electoral del PP en las elecciones autonómicas, Aragón, Cantabria, Valencia y Baleares, que cambiaron de signo político revirtieron la decisión del Gobierno de dejar sin atención sanitaria a los inmigrantes sin papeles.
¿Cómo reacciona el Gobierno? La reacción basada en el concepto de gobierno hubiera sido la de convocar y sentar a la mesa a los representantes de esos gobiernos autonómicos y hablar. Hablar de costes, de competencias, de lo que se quisiera, como por ejemplo ha hecho con el tema de la reforma educativa -por lo menos en lo que a la reválida se refiere-. Pero el Ministerio de Sanidad y el Presidente del Gobierno tiran de reacción de poder: amenazan.
Esgrimen las competencias -o sea quien tiene poder para hacer según que cosa- y amenazan con sanciones y multas millonarias de la Unión Europea. No son falsas, esas multas pueden producirse pero lo que obvia el Gobierno es informar a los ciudadanos de que no son automáticas, de que tienen que partir de una denuncia de parte. Es decir, está amenazando con denunciar a los gobiernos autonómicos ante Bruselas.
Mariano Rajoy está dispuesto a afrontar multas multimillonarias -como el mismo reconoce- que probablemente superarán el gasto invertido en esa atención a los inmigrantes sin papeles con tal de enviar u mensaje único y sencillo: "Aquí mando yo".
Y contra Poder, Gobierno. La reacción de las autonomías que aún no habían expresado su intención al respecto es la contraria de la que se espera aquel que tira de amenaza de ejercicio de poder: Castilla-La Mancha, Extremadura -ambas gobernadas por el PSOE- y Madrid anuncian que también darán asistencia a los inmigrantes sin papeles acabando de esa forma con la política de la exclusión sanitaria.
¿Por qué? porque esos gobernantes si han entendido al parecer el concepto de gobierno -y una vez más mención especial merece Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid por el hecho de que se opone a su propio partido- Sí han entendido que una protesta social que lleva años en las calles tiene que ser escuchada. Que tener el poder para desoírla no implica necesariamente estar en la obligación de hacerlo.
Siete autonomías que se suman a otras tres, Andalucía, Euskadi y Catalunya que han toreado esa norma desde el principio, a las asociaciones médicas, a los colectivos de profesionales de la Sanidad Pública suman sin duda el sentir mayoritario de la población española, ¿por que entonces sigue empeñado en ese ejercicio de poder sin gobierno?, ¿en la amenaza y no en la negociación?
Las respuestas me parecen tristemente obvias
Primero porque gobierna para esa minoría de su partido y de su ideología que hace de la fuerza un valor en si mismo. Porque gobierna exclusivamente para ese españolismo de pacotilla que grita "los inmigrantes nos roban el trabajo", "España para los españoles". Porque es incapaz de aceptar que por mantener a ese elemento del Partido Popular que en realidad no es otra cosa que el radicalismo de derechas -sí señores, también hay una derecha radical-, está sufriendo una sangría hacia nuevas formaciones políticas que no conciben su nacionalismo español como un enfrentamiento contra lo extranjero.
Uno de esos tipos que antaño se paraban a pensar en esto del poder y el gobierno dijo: "El poder responde solamente ante la fuente de la que emana". Y esa frase de Hobbes es la respuesta más triste
Responde con poder en estado puro, sin ningún matiz de gobierno, porque no considera a los ciudadanos la fuente de su poder, porque es consciente de que en Sanidad -y en otros muchos asuntos- su poder emana de todo el entramado de intereses creados que le sufragan, a los que sirve y que necesitan que la Sanidad Pública no atienda a los sin papeles para que sea más rentable cuando metan las zarpas en ella.
Y los otros, los harán por oportunismo, por electoralismo, por reacción o por convicción. Pero por lo menos gobiernan, no se limitan a ejercer el poder.
¿Cómo reacciona el Gobierno? La reacción basada en el concepto de gobierno hubiera sido la de convocar y sentar a la mesa a los representantes de esos gobiernos autonómicos y hablar. Hablar de costes, de competencias, de lo que se quisiera, como por ejemplo ha hecho con el tema de la reforma educativa -por lo menos en lo que a la reválida se refiere-. Pero el Ministerio de Sanidad y el Presidente del Gobierno tiran de reacción de poder: amenazan.
Esgrimen las competencias -o sea quien tiene poder para hacer según que cosa- y amenazan con sanciones y multas millonarias de la Unión Europea. No son falsas, esas multas pueden producirse pero lo que obvia el Gobierno es informar a los ciudadanos de que no son automáticas, de que tienen que partir de una denuncia de parte. Es decir, está amenazando con denunciar a los gobiernos autonómicos ante Bruselas.
Mariano Rajoy está dispuesto a afrontar multas multimillonarias -como el mismo reconoce- que probablemente superarán el gasto invertido en esa atención a los inmigrantes sin papeles con tal de enviar u mensaje único y sencillo: "Aquí mando yo".
Y contra Poder, Gobierno. La reacción de las autonomías que aún no habían expresado su intención al respecto es la contraria de la que se espera aquel que tira de amenaza de ejercicio de poder: Castilla-La Mancha, Extremadura -ambas gobernadas por el PSOE- y Madrid anuncian que también darán asistencia a los inmigrantes sin papeles acabando de esa forma con la política de la exclusión sanitaria.
¿Por qué? porque esos gobernantes si han entendido al parecer el concepto de gobierno -y una vez más mención especial merece Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid por el hecho de que se opone a su propio partido- Sí han entendido que una protesta social que lleva años en las calles tiene que ser escuchada. Que tener el poder para desoírla no implica necesariamente estar en la obligación de hacerlo.
Siete autonomías que se suman a otras tres, Andalucía, Euskadi y Catalunya que han toreado esa norma desde el principio, a las asociaciones médicas, a los colectivos de profesionales de la Sanidad Pública suman sin duda el sentir mayoritario de la población española, ¿por que entonces sigue empeñado en ese ejercicio de poder sin gobierno?, ¿en la amenaza y no en la negociación?
Las respuestas me parecen tristemente obvias
Primero porque gobierna para esa minoría de su partido y de su ideología que hace de la fuerza un valor en si mismo. Porque gobierna exclusivamente para ese españolismo de pacotilla que grita "los inmigrantes nos roban el trabajo", "España para los españoles". Porque es incapaz de aceptar que por mantener a ese elemento del Partido Popular que en realidad no es otra cosa que el radicalismo de derechas -sí señores, también hay una derecha radical-, está sufriendo una sangría hacia nuevas formaciones políticas que no conciben su nacionalismo español como un enfrentamiento contra lo extranjero.
Responde con poder en estado puro, sin ningún matiz de gobierno, porque no considera a los ciudadanos la fuente de su poder, porque es consciente de que en Sanidad -y en otros muchos asuntos- su poder emana de todo el entramado de intereses creados que le sufragan, a los que sirve y que necesitan que la Sanidad Pública no atienda a los sin papeles para que sea más rentable cuando metan las zarpas en ella.
Y los otros, los harán por oportunismo, por electoralismo, por reacción o por convicción. Pero por lo menos gobiernan, no se limitan a ejercer el poder.
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