El Constitucional nos tira los palos del sombrajo

Parece que estamos en fase de desmoronamiento absoluto. Se nos cae el sistema economico a trozos y no somos lo suficientemente rápidos como para poder pegar los pedazos en su orden correcto con el siempre sólido pegamento de la deuda soberana; se nos caen las expectativas -a los que las tuvieran- de que el gobierno sabe qué hacer con la crisis y cómo poner fin a ella.

Y entre tanto derrumbe de expectativas y mitos ahora nos asalta otro. El Tribunal Constitucional, que otrora fuera el Santo e Intocable Tribunal Constitucional y, por suerte de la sentencia de Bildu, se convirtió en "La Banda de los siete del TC", nos ha tirado otro de esos aparantemente incontestables elementos que nadie se atrevía a cuestionar y que servían para defender un par de cosas loables y ocultar otras muchas bastante menos dignas de apoyo.

El Tribunal Constitucional nos tira los palos del sombrajo de que evitar que los menores testifiquen en los juicios por maltrato o abusos sea un derecho constitucional de los menores.

El Alto Tribunal decreta la libertad y anula el juicio de un pederastra -que vuelve a ser presunto, por cierto- porque la Fiscalía y la acusación particular impidieron que la víctima -que ella si sigue siendo víctima, por desgracia-, una niña de nueve años, testificara en el juicio.

No es para alegrarse porque es probable que el hombre se mereciera la cárcel o algo peor. Pero el Tribunal Constitucional nos acaba de dar un bofetón en toda la cara con la mano abierta y sin contemplaciones.

Porque no anula el proceso porque crea o sepa que el hombre es inocente -de hecho tiene más que claro que es culpable, me temo-, no le deja en la calle porque tenga una duda razonable sobre culpabilidad.

Lo hace porque considera  que la Audiencia Provincial de Madrid y el Juzgado de lo Penal número 1 de Móstoles vulneraron el derecho del acusado a un juicio público con todas las garantías.

¡Vaya, ahora resulta que los acusados de maltrato o de abusos tienen derecho a un juicio justo y con toda las garantías!

Mientras determinados emporios del victimismo universal defienden y solicitan al Consejo General del Poder Judicial que recomiende la modificación de las leyes procesales ni siquiera las mujeres que denuncian malos tratos -que son seres humanos adultos, no lo olvidemos aunque sus supuestas adalides lo hagan constantemente- tengan que testificar en los juicios por maltrato, mientras defienden a capa y espada la imposibilidad de que se explore o interrogue a menores sobre estos asuntos, el Tribunal Constitucional -que, aunque sea mayoritariamente másculino debe ser tenido en cuenta como fuente de derecho y de jurisprudencia- nos recuerda que eso no es de recibo. Que eso puede vulnerar y ha vulnerado nuestro sistema de justicia.

Porque nada de lo que se diga al respecto, ninguna de las excusas o de los argumentos lógicos -que también los hay- que puedan darse a favor de esta eliminación de testimonio puede anteponerse al derecho de un encausado a un juicio con las máximas garantías.

Porque la excusa de que no se les quiere hacer sufrir innecesariamente hablando de ellos, teniendo que rememorarlos,  es absurda cuando todo aquel que se haya acercado aunque sea de refilón a la piscología sabe que el camino para eliminar los traumas que este tipo de situaciones provocan solamente puede emprenderse hablando de ellos.

En eso se basan todas las terapias, todos los tratamientos, todos los procesos que pretenden restaurar el desgarrón en el tejido mismo de su alma que un abuso provoca a un niño.

Porque la melífua explicación que se ha llegado a dar para defender que incluso adultas no testifiquen de que quieren evitar el miedo que les provoca enfrentarse de nuevo con su agresor no puede superar la necesidad que tiene el sistema de saber que las sentencias tienen que ser justas, tienen que emitirse con todas las garantías para aquel que puede pasarse muchos años en la cárcel si se le declara culpable.

Todavia somos lo suficientemente imaginativos -aunque por poco- para pensar en formas de hacerlo. El juício tiene que ser público pero el juez y el tribunal controlan quién forma parte de ese público.

En un juicio el abogado representa a su cliente. Así que no es necesario que este esté presente en el momento del interrogatorio del menor. Y el abogado no le ha hecho nada al menor -ni a la mujer maltratada, que se empeñan algunas en tratar como una eterna menor de edad-. Así que con que el individuo no esté presente y sí lo esté su abogado asunto resuelto.

Y si al pobre niño le intimida la sala de un tribunal -algo por otra parte comprensible- hasta el punto de dejarle mudo o de hacerle cambiar su declaración, deberiamos recordar que los cargos judiciales van aparejados al individuo, no a la sala o a la toga.

Un juez lo seguirá siendo aunque vaya en vaqueros, un fiscal lo seguira siendo aunque lleve una camiseta de Bob Esponja y un abogado defensor seguirá ejerciendo sus funciones aunque se siente en el suelo rodeado de juguetes, tomándose una coca cola del Burguer King.

Lo que importa es que nosotros, los adultos, la sociedad, sepamos que son un juez, un fiscal y un abogado defensor, no que lo sepa el niño.

Si tienen que cambiar de ubicación y disfrazarse de Ronald McDonal que lo hagan ¡Para algo les pagamos una pasta!

Podemos juzgar a personas que no entienden -o fingen no entender- nuestro idioma pasando todas nuestras preguntas por un traductor; podemos interrogar a discapacitados físicos y psíquicos de toda suerte y condición, aclimatándonos a sus necesidades y debilidades comunicativas y ¿no podemos interrogar a un menor, si es víctima de maltrato o de abusos porque no sabemos cómo hacer las preguntas adecuadas?

Pues usemos un traductor. Que un psicologo infantil experto en malos tratos y abusos infantiles, que desgraciadamente los hay porque tiene que haberlos -preferiblemente distinto al que ha valorado el maltrato o el abuso-, traduzca nuestras preguntas al niño, se las mastique, se las haga digeribles y le permita sacarlas de sí para que el especialista pueda hacer el trabajo inverso con nosotros.

¿Qué es largo? Sí. ¿Qué es tedioso? También. ¿Qué es complicado? Por supuesto. Pero la justicia no tiene que ser corta, divertida y sencilla. Tiene que ser justa.

 Y esa es la única manera en la que puede serlo. Es la única forma en la que podemos asegurarnos de que aquellos que han perdido todo rasgo de humanidad abusando de un niño o maltratándole puedan ser encerrados para pagar por la vida que han quitado.

Porque ese niño ya no recuperará nunca la vida que debería haber tenido, que podía haber tenido, si ese o esa individuo o individua -es una licencia, lo siento- no se hubiera cruzado por desgracia en su camino.

Esa es la única manera de que nuestro sistema esté seguro de que está bien encerrado y de que puede, si de mi dependiera, tirar la llave para siempre.

Porque el abogado de la defensa tiene que preguntar a los testigos. Al igual que lo hace el fiscal y si no hace eso el proceso es una farsa, es un juicio sumarisimo, es un consejo de guerra a la antigua usanza. Es una crucifixión.

¿Por qué es tan importante que el abogado de la defensa pregunte si ya tiene el relato del os hechos que el niño le ha hecho a un especialista grabado en vídeo -como es en este caso- y este es proyectado en la sala?, ¿por qué resulta fundamental como garantía para el encausado que se de ese interrogatorio ciertamente algo cruel sobre todo para el menor?

La respuesta a estas preguntas la impone la lógica más básica y el razonamiento procesal más justo. Porque las preguntas de la Defensa van precisamente encaminadas a eso. A la defensa.

Y a lo mejor a un Guardia Civil, por muy experto en psicología infantil titulado que sea, se le paso por alto preguntar algo tan obvio como ¿quién te ha dicho que digas todo eso? o ¿alguien te ha pedido que cuentes esa historia? o ¿por qué nos cuentas esto? Y entonces el niño, por esa tendencia que tienen los infantes a considerar la verdad un reto incuestionable cuando están bajo presión, señale a quien no esperamos o incluso a sí mismo.

Y aquí es donde se establece la línea que diferencia a todas las personas que con buenas intenciones defienden que los menores no deben testificar en los procesos sobre maltrato y abusos propios u ajenos de las otras. De las que lo defienden por otros motivos.

De aquellas que defienden que las garantías de procesamiento nunca pueden ponerse por encima de sus necesidades. De aquellas que mantienen que ni siquiera las personas adultas tienen porque testificar en los juicios por su propio maltrato, de aquellas que han llegado a pedir que no se les recuerde a las denunciantes en sus testimonios que el perjurio es un delito tan grave como la denuncia falsa.

De aquellas que niegan sin argumentos lo que todos los psicólogos expertos aseguran sin pudor: que la mente de un niño se puede manipular de mil formas distintas para lograr que diga lo que queremos que diga. Sobre todo si mantenemos un vínculo afectivo con él.

Porque si se encuentra una forma poco traumática de interrogar a menores a lo mejor las historias que se cuentan sobre lo que ha ocurrido dentro de los muros de sus casas y que ellos han visto -probablemente acurrucados en el suelo sin que los adultos los vieran- difieren de las versionas dadas. A lo mejor álgunas víctimas se convierten simplemente en contendientes y otras directamente en verdugos.

Y por todo eso hemos obligado al Tribunal Constitucional a prevaricar -es una metáfora, no se me asunten los magistrados-.

A anular una sentencia justa a sabiendas de que lo es para recordarnos que nada está por encima de la verdad en un juicio.

Que hay unaverdad, siempre la hay, y el sistema de justicia tiene que hacer todo lo que está en su mano para llegar a ella, aunque sea doloroso para algunos, como los niños y las aut´ñenticas maltratadas, y peligroso para otras, como ya sabemos quienes.

Al Tribunal Constitucional no le importan sus necesidades, sus apriorismos, sus urgancias históricas de vindicación, sus perversiones ideológicas de enfrentamiento eterno y constante contra la mitad de su naturaleza. El Tribunal Constitucional quiere que todo encarcelado sea culpable y todo inocente quede libre. Aunque sean hombres.

Y los palos del sombrajo victimista siguen cayendo. Y la única lástima es que un más que posible pederestra está en la calle por el egoísmo y la intransigencia culpable de unas cuantas.