Montoro o la amnistía huna que nos siembra de sal

Hay ocasiones que ni el más pulido de los lenguajes, ni la más metódica y científica de las descripciones, ni el más poético y lírico de los símiles retóricos puede superar al golpe directo en la mandíbula que representa el lenguaje surgido del acervo popular.

Y lo que ha anunciado hoy el ministro Montoro en el Congreso es una de esas ocasiones en las que solamente se puede recurrir al dicho del ancestro o a la expresión rural. O sea, que el anuncio de hoy en el parlamento español es simplemente para mear y no echar gota.

El siempre orgulloso Montoro se saca de la manga una medida estrella en sus presupuestos, una fuente inesperada de ingresos que permita que los presupuestos recortados les cuadren y lo que hace es recuperar un concepto legal que no se estilaba desde los despeñamientos practicados por Atila ante las murallas de Rávena o en su palacio del Valle del Tisza.

El tipo en cuestión y el gobierno al que representa se sacan de la manga una amnistía fiscal destinada, según su positivista visión del mundo y de sus ideas para organizarlo, a hacer aflorar 25.000 millones de euros que se encuentran misteriosamente perdidos por ahí -léase Luxemburgo, Suiza, Caiman Brac, Singapur, Abu Dabi, etc, etc-. Y se queda tan ancho retrepado en su recientemente estrenado sillón azul del Congreso de los Diputados.

Y con esa decisión, con ese rutilante anuncio, lo que hace es recuperar la forma de castigo practicada por el Rey de los Hunos, el mítico Azote de Dios llamado Atila. "Castiga a los inocentes y perdona a los culpables", decía, según Prisco, el epítome del gobierno democrático de la tundra, "así ninguno sabrá en realidad de qué delito es culpable y de que pecado es inocente. Y será posible castigarles a todos cuando sea necesario".

Porque lo que hace Montoro, con todo su terno azul perfecto, su afeitado de barbería, su maletín de piel y sus serias gafas de pasta sustituidas por lentillas cuando más conviene, es coger la espada curva del caudillo uno y aplicar sin ningún pudor esa política.

La Agencia Tributaria me ha perseguido sin desfallecer durante seis años por 32 euros de IRPF de una factura no declarada por olvido en 2005 a lo largo de infinidad de códigos postales que abarcan Toledo, Aluche, Moratalaz, Las Tablas, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes; ha gastado lo que no está escrito en un proceso que se alargó durante cuatro años debido en gran medida a mi indolencia postal a la hora de mis regulares mudanzas; ha comunicado a todos mis pagadores -y es literal, a todos mis pagadores en los últimos seis años- que me retengan de la siguiente factura que emitiera contra ellos -se dice así, al parecer- los 47 euros en los que se habían convertido los 32 por mor de los intereses de demora; se ha gastado otra pasta en revocar esos mandatos una vez que el primero de ellos me lo retuvo y se ha esmerado en devolverme las cinco -repito, cinco- retenciones que otros pagadores habían hecho por orden suya.

Todo para cobrarme 32 euros, bueno 47 al final. Y no me quejo. No me parece mal.

 Y ahora Montoro, su ministerio y el gobierno en el que se encuadran, se pasan por el arco del triunfo ese molesto pero, al fin y a la postre, encomiable esmero de los agentes tributarios y deciden que da igual.

 Se convierten en los manifestantes de la Transición que gritaban a los cuatro vientos ¡Amnistía!, ¡Libertad! sin tener muy claro quién tenía que ser puesto en libertad ni a quién se tenía que amnistiar.

Se ríen no de mí, mis molestias y mi factura impagada por error. Se ríen de Hacienda, del Estado, del sistema tributario, de los contribuyentes y de todo aquel que nunca se ha llevado el dinero a un paraíso fiscal, ha forzado a sus trabajadores a cobrar en negro o ha ocultado negocios e ingresos en cuentas ajenas o en el extranjero.

Y eso un día después de cuadrarse delante de una miriada infinita de micros y cámaras, de libretas y grabadoras, y anunciar que los impuestos volverán a subir "de una manera justa y equilibrada" pero volverán a subir, como ya lo anunciara dos días después de ganar unas elecciones que había conseguido superar gracias en parte a la promesa de que no iba a hacerlo.

O sea que se castiga al que paga con más impuestos y se recompensa al que defrauda con menos. Castigar al inocente y perdonar al culpable. La estrategia de Atila en estado puro.

Personajes que han realizado una planificación premeditada de crear cuentas en el extranjero, de crear sociedades ficticias; que se han gastado centenares de miles de euros en notarios, en escrituras de constitución de sociedades accionariales, en billetes de avión a Zúrich o a Luxemburgo; que han implantado costosos sistemas de banca electrónica por satélite codificado en sus empresas para poder realizar transferencias invisibles, son recompensados con una rebaja en sus cargas impositivas por haber hecho todo eso.

A un trabajador se le retiene un 18 por ciento de su nómina y ellos van a pagar un 10 por ciento de todo ese dinero que han estafado y podrán disponer libremente de él.

Podrán hacerlo porque el gobierno tiene la esperanza de que ahora se porten bien y utilicen ese dinero para generar empleo y para levantar la economía del país.

Pero un gobierno no puede permitirse la esperanza. Ya no. Diez millones de electores se la permitieron y ahora estamos en estas.

Si no lo hicieron cuando todo marchaba bien y corrían menos riesgos ¿por qué van a hacerlo ahora?

Son cuatreros, son salteadores de caminos que cogen el dinero que no es suyo, que nos les pertenece, porque está ganado con el sudor de otros muchos y con la ayuda de un Estado que exige que le reviertan su parte, y cabalgan hacia el horizonte.

No son empresarios, son patronos. No son inversores, son especuladores. No son capitalistas, son caciques.

Pero ellos son los recompensados. A los que les amnistía sin ninguna certeza de redención, mientras se castiga con aumentos de impuestos a todos los demás, mientras se grava a todo el mundo que paga.

Si no quisieron tributar un 15 por ciento en su día o un 12 por ciento tiempo después ¿qué les hace pensar a los ideólogos de esta amnistía como panacea recaudatoria que ahora que tienen a salvo ese dinero robado, lejos de las manos de la Agencia Tributaria, estarán dispuestos a pagar un diez por ciento cuando pueden seguir sin pagar nada?

Y aunque todos corrieran como corderitos al matadero en una celebración del Yon Kippur, no tendía la más mínima explicación ética por parte del gobierno que se lo consintiera.

Ellos, junto con los que deben 88.000 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social, son los culpables de la situación; ellos, al lado de los que mueven cerca de 135.000 millones de euros a través de sociedades de acciones radicadas en paraísos fiscales para evitar los impuestos, son los causantes del delirio económico que nos está desangrando; ellos, acompañados de aquellos que han defraudado 45.000 millones de euros eludiendo aranceles a través de operaciones con sedes productivas deslocalizadas en Perú, Bangladesh o China que tienen su sede social en Toledo o Alicante, son los que nos han abocado a la situación en la que nos encontramos.

Y el gobierno de este país, que se atribuye la "responsabilidad" de salvar nuestra economía, les perdona y les ofrece una rebaja fiscal que niega todos los demás que cumplen religiosamente con sus obligaciones tributarias, aunque se les escape una factura de vez en cuando que debe tributar 32 euros.

La Amnistía Fiscal no es un acto de gobierno, es simplemente la acción de un caudillo bárbaro que aplica el castigo y el perdón de forma indiscriminada.

Aunque Montoro y Rajoy consigan los 2.500 millones que dicen que esperan conseguir no habrán sembrado semilla alguna que haga germinar primaveralmente nuestra economía.

Solamente, como todo buen huno a caballo, habrán esparcido otro puñado más de sal que impedirá que nada brote para nuestro alimento y que llevará grabado a fuego en cada uno de sus cristales de sodio una leyenda microscópica y oculta:

 "Da igual, defrauda. Si aguantas lo suficiente, al final te perdonan. Al final te sale a cuenta".